En una columna publicada en el diario La República, el directivo opinó que ese es el principal desafío del sector en Colombia, pues la percepción pública y las decisiones regulatorias basadas en cifras incompletas, ponen en riesgo la estabilidad de una industria que aporta recursos.
“En el debate público, los juegos de suerte y azar suelen analizarse desde la percepción y no desde la técnica, se regulan con base en cifras incompletas, se formulan juicios sin comprender el modelo económico que los sostiene y, en no pocas ocasiones, se adoptan decisiones con una lógica coyuntural más política que técnica”, afirmó Montero.
Según detalló, el sector opera bajo un modelo altamente regulado y vigilado, pues los operadores autorizados deben cumplir con estándares estrictos en reporte, auditoría, prevención de lavado de activos, protección al consumidor y juego responsable.
Sin embargo, la discusión pública suele partir de una premisa equivocada, pues se confunden montos apostados con ingresos reales y se sobredimensionan supuestas utilidades que no reflejan la realidad financiera del negocio.
En esa línea, explicó en detalle el modelo económico, donde aproximadamente el 95% de las apuestas retornan a los jugadores a través de los premios y el margen operativo restante debe cubrir gastos tecnológicos, licenciamiento, cumplimientos regulatorios, inversión en personal, tributos y transferencias obligatorias a la salud.
“No se trata de rentabilidades extraordinarias, sino de un equilibrio matemático delicado que garantiza sostenibilidad y recaudo. Cuando las decisiones regulatorias desconocen esta estructura, el impacto no es marginal, debido a que compromete la viabilidad del sector formal”, comentó.
Además, Montero indicó que la inestabilidad regulatoria y principalmente tributaria por la que atraviesa actualmente Colombia, constituyen riesgos estructurales para dicho sistema. En este sentido, alertó que un entorno impredecible no solo reduce la competitividad, sino que además debilita el mercado formal frente a jurisdicciones con reglas claras y estables.
También recordó que los ilegales “no pagan impuestos, no transfieren recursos a la salud, no protegen al consumidor y no aplican políticas de juego responsable”. Para él, cada barrera innecesaria al sector formal se convierte en una ventaja competitiva para la ilegalidad.
El presidente de Fecoljuegos se refirió a la distorsión de las cifras que sirven de base para la regulación, pues cuando se utilizan indicadores equivocados, como equiparar volumen apostado con ingreso real, se construyen “diagnósticos imprecisos que conducen a decisiones desproporcionadas".
Finalmente, aseguró que "el sector no solicita privilegios”, sino estabilidad, proporcionalidad y decisiones fundamentadas en evidencia, pues un mercado formal, técnicamente regulado y financieramente viable aporta recursos sostenibles al Estado, genera empleo y protege mejor al consumidor que un mercado debilitado por la incertidumbre o desplazado por la informalidad.
Dingnews.com 05/03/2026