SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria del Perú, emitió su determinación al Poder Ejecutivo sobre los impuestos de juego solicitados por la presidenta Dina Boluarte, como parte de la revisión de sus leyes de juego de Perú.
Aunque el Congreso había aprobado el marco final del Proyecto de Ley-2070/2021, para imponer un impuesto directo del 10% sobre los ingresos brutos de los juegos (GGR) en todas las apuestas deportivas y de casino en línea, en septiembre, Boluarte intervino en los procedimientos, exigiendo que se aplicara un "impuesto especial" adicional del 1% a todas las actividades de juego en línea, independientemente de si las empresas tienen licencia de MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.
La medida requería una evaluación técnica por parte de SUNAT para determinar si el impuesto especial podía aplicarse tanto a empresas extranjeras como nacionales, con licencia o no.
La autoridad tributaria determinó que el impuesto especial del 1% podría aplicarse a las transacciones de juego en línea realizadas en Perú. La transacción debe ser realizada por un ciudadano peruano o residente con domicilio. MINCETUR y el gobierno pueden rastrear transacciones mediante el uso de una dirección IP peruana, cuenta bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta SIM móvil.
La determinación de SUNAT permitirá al gobierno imponer el impuesto especial del 1% a las empresas de juego a partir del 1 de enero de 2025. Otras demandas de Boluarte vieron a MINCETUR la instrucción de triplicar los costos de licencia a S/ 3 millones (750.000 €) tanto para operadores de juegos de azar en línea nuevos como establecidos.
La decisión del gobierno de imponer el impuesto adicional del 1% sobre el impuesto especial ha provocado fuertes preocupaciones en el sector de los juegos en línea. Gonzalo Pérez, CEO de Apuesta Total, criticó la medida a través de las redes sociales, afirmando que modificar las plataformas tecnológicas para cumplir con las normas requeriría la recertificación en laboratorios con licencia y la reaprobación por parte de MINCETUR.
"Este proceso, que podría llevar de 8 a 12 meses, plantea preocupaciones sobre la aplicación prematura del ISC, lo que potencialmente hace que el impuesto sea "confiscatorio" durante el ínterin". Pérez enfatizó además el compromiso de la industria de operar bajo estrictos estándares de certificación, pero instó al gobierno a adoptar un enfoque pragmático para garantizar el cumplimiento sin interrumpir las expectativas de ingresos.
Del mismo modo, Andrea Rossi, Directora Comercial de Betsson para Sudamérica, destacó que el impuesto refleja una "mala comprensión de la industria" y advirtió de su impacto negativo en la capacidad de canalizar a los actores hacia el mercado regulado. Hizo hincapié en la importancia de reconocer las implicaciones más amplias para el crecimiento y la estabilidad del mercado.
A medida que se acerca la fecha límite de implementación de enero de 2025, las partes interesadas están pidiendo al gobierno que entable un diálogo con la industria. Su esperanza es equilibrar los objetivos de ingresos fiscales con la necesidad de "mantener un mercado de juegos en línea sostenible y regulado que apoye el crecimiento a largo plazo".
Dingnews.com 18/12/2024